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Señores(as)
HERNAN ANDRADE
Presidente del Senado
GERMAN VARON
Presidente de la Cámara de Representantes
EDUARDO ENRÍQUEZ
Presidente de la Comisión Primera del Senado
KARIME MOTA Y MORAD
Presidenta de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Honorables congresistas:
Los firmantes de esta carta, personas vinculadas a movimientos sociales, a la academia, al arte y la cultura; a diversas actividades gremiales y comunitarias; gobernadores, alcaldes y alcaldesas; diputados y concejales, y en general partícipes de procesos relevantes de la vida nacional, nos dirigimos a ustedes para expresarles nuestro interés por la suerte de la iniciativa de Referendo por el Derecho Humano al Agua y otras modificaciones de la Constitución Nacional, cuyo proyecto de convocatoria cursa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes (Proyecto de Ley No.171 de 2008).
En primer lugar, nos preocupa que habiéndose presentado, el 15 de octubre pasado, la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil, según la cual la mencionada iniciativa cuenta con el apoyo de más de dos millones de firmas, aún no haya recibido primer debate en la Comisión. Entendemos que otros importantes temas de la congestionada agenda legislativa hayan copado las labores del Congreso y la Comisión, pero llamamos la atención sobre la importancia nacional de los asuntos planteados por el referendo en cuestión. Baste con recordar que más de 13 millones de compatriotas carecen en la actualidad de agua potable.
Nos preocupan también ciertos cuestionamientos, provenientes de algunos funcionarios del Gobierno Nacional, que desconocen y minimizan el esfuerzo realizado a lo largo y ancho del país por el Comité Nacional y los Comités Territoriales del Agua y de la Vida, que promueven el referendo. Tal esfuerzo merece todo el respeto del Congreso y el Gobierno.
Queremos resaltar que la consagración del derecho humano al agua como fundamental, es algo que se viene abriendo paso en el ámbito internacional, y que países tan diversos como Sudáfrica, Kenia y Uruguay lo incluyeron en sus constituciones hace varios años. El último de estos países, precisamente mediante un referendo. Recientemente, Ecuador y Bolivia lo establecieron en sus nuevas Cartas, ambas refrendadas por amplias mayorías ciudadanas. Así mismo, el Parlamento Europeo declaró en 2003, que el agua era un derecho humano. Hemos mencionado solo algunos casos, pues son muchos los países, regiones y ciudades que bien en sus normas jurídicas o en sus planes, vienen considerando este derecho como fundamental y actuando en consecuencia.
Esta iniciativa es la expresión en nuestro país de una tendencia universal. El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual a la Asamblea General, correspondiente al año 2007 estima: “…que ha llegado el momento de considerar el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano, definido como el derecho a un acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación, a una cantidad suficiente de agua potable para el consumo, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica, para mantener la vida y la salud” (A/HRC/6/3/ 16 de Agosto de 2007).
El mínimo vital gratuito no solo es viable, como se ha demostrado en documento entregado por el Comité Promotor del referendo a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, sino que varios de los países citados y ciudades como Porto Alegre y Bruselas, lo están suministrando sin que ello haya significado la quiebra de sus finanzas en relación con el agua. En nuestro país, a iniciativa del Concejo de Medellín se incorporó en el Plan de Desarrollo de la ciudad el mínimo vital gratuito para familias del nivel uno del Sisben y en Bogotá el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 347 de 2008, “Por el cual se establecen los lineamientos de la política pública del agua en Bogotá” mediante el cual se “buscará garantizar gradualmente una cantidad mínima de agua que permita a las personas llevar una vida en condiciones dignas” (art. 2º del Acuerdo).
La protección especial de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua, su destinación prioritaria a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo en óptimas condiciones, en los casos en que esos ecosistemas no estén siendo protegidos bajo las figuras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o no estén formando parte de los Resguardos Indígenas o los Territorios Colectivos de las Comunidades Afrodescendientes y la garantía constitucional como bienes de la nación de uso público de los ríos, humedales, playas y rondas, son medidas incuestionables en el panorama actual del planeta, amenazado por el cambio climático, el deterioro ambiental y la progresiva escasez de todos los bienes comunes, cuya creciente demanda por una sociedad consumista e insostenible, despierta la ambición de las transnacionales que quieren convertirlos en objeto de comercio y apropiación privada.
La privatización del servicio de acueducto y alcantarillado forma parte también de nuestras preocupaciones, por consecuencias como el alza continua de las tarifas, que ya arroja un negativo saldo social de más de un millón de usuarios suspendidos o desconectados en todo el país y el control que compañías transnacionales ejercen sobre un servicio estratégico para la seguridad de la población colombiana y por ende del país. ¿Hasta dónde un Estado cuyo territorio es la séptima reserva de agua dulce del mundo puede dejar en manos extranjeras tan estratégica riqueza y delegar un servicio esencial en ellas? ¿No es la hora de revitalizar una función esencialmente pública y comunitaria, de la cual hay excelentes ejemplos en Colombia y en el mundo, redimensionándola mediante entidades especializadas, pero públicas, participativas, transparentes y preocupadas principalmente por su eficacia social, sin dejar de lado la racionalidad económica?
La iniciativa del referendo pone en el debate nacional aspectos sustanciales de la actualidad y el futuro de Colombia, y es desde luego una propuesta audaz y profunda, pues no sería responsable movilizar el país para algo anodino.
Por todo lo anterior les hacemos un llamado patriótico a convocar el referendo para que el pueblo decida sobre los artículos que fueron objeto de su firma de apoyo, sin ninguna modificación. Es lo adecuado al proceso de iniciativa popular que se adelantó. Sin desconocer los fueros del Congreso, les pedimos que hagan algo más relevante y significativo: que permitan la expresión de la voluntad popular en un asunto esencial para la vida. Una decisión suya en este sentido no podrá más que fortalecer la democracia en Colombia en épocas inciertas, pero en las que surge con todo vigor la decisión ciudadana de definir el futuro en aspectos fundamentales como los que plantea el referendo por el agua.
En primer lugar, nos preocupa que habiéndose presentado, el 15 de octubre pasado, la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil, según la cual la mencionada iniciativa cuenta con el apoyo de más de dos millones de firmas, aún no haya recibido primer debate en la Comisión. Entendemos que otros importantes temas de la congestionada agenda legislativa hayan copado las labores del Congreso y la Comisión, pero llamamos la atención sobre la importancia nacional de los asuntos planteados por el referendo en cuestión. Baste con recordar que más de 13 millones de compatriotas carecen en la actualidad de agua potable.
Nos preocupan también ciertos cuestionamientos, provenientes de algunos funcionarios del Gobierno Nacional, que desconocen y minimizan el esfuerzo realizado a lo largo y ancho del país por el Comité Nacional y los Comités Territoriales del Agua y de la Vida, que promueven el referendo. Tal esfuerzo merece todo el respeto del Congreso y el Gobierno.
Queremos resaltar que la consagración del derecho humano al agua como fundamental, es algo que se viene abriendo paso en el ámbito internacional, y que países tan diversos como Sudáfrica, Kenia y Uruguay lo incluyeron en sus constituciones hace varios años. El último de estos países, precisamente mediante un referendo. Recientemente, Ecuador y Bolivia lo establecieron en sus nuevas Cartas, ambas refrendadas por amplias mayorías ciudadanas. Así mismo, el Parlamento Europeo declaró en 2003, que el agua era un derecho humano. Hemos mencionado solo algunos casos, pues son muchos los países, regiones y ciudades que bien en sus normas jurídicas o en sus planes, vienen considerando este derecho como fundamental y actuando en consecuencia.
Esta iniciativa es la expresión en nuestro país de una tendencia universal. El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual a la Asamblea General, correspondiente al año 2007 estima: “…que ha llegado el momento de considerar el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano, definido como el derecho a un acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación, a una cantidad suficiente de agua potable para el consumo, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica, para mantener la vida y la salud” (A/HRC/6/3/ 16 de Agosto de 2007).
El mínimo vital gratuito no solo es viable, como se ha demostrado en documento entregado por el Comité Promotor del referendo a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, sino que varios de los países citados y ciudades como Porto Alegre y Bruselas, lo están suministrando sin que ello haya significado la quiebra de sus finanzas en relación con el agua. En nuestro país, a iniciativa del Concejo de Medellín se incorporó en el Plan de Desarrollo de la ciudad el mínimo vital gratuito para familias del nivel uno del Sisben y en Bogotá el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 347 de 2008, “Por el cual se establecen los lineamientos de la política pública del agua en Bogotá” mediante el cual se “buscará garantizar gradualmente una cantidad mínima de agua que permita a las personas llevar una vida en condiciones dignas” (art. 2º del Acuerdo).
La protección especial de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua, su destinación prioritaria a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo en óptimas condiciones, en los casos en que esos ecosistemas no estén siendo protegidos bajo las figuras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o no estén formando parte de los Resguardos Indígenas o los Territorios Colectivos de las Comunidades Afrodescendientes y la garantía constitucional como bienes de la nación de uso público de los ríos, humedales, playas y rondas, son medidas incuestionables en el panorama actual del planeta, amenazado por el cambio climático, el deterioro ambiental y la progresiva escasez de todos los bienes comunes, cuya creciente demanda por una sociedad consumista e insostenible, despierta la ambición de las transnacionales que quieren convertirlos en objeto de comercio y apropiación privada.
La privatización del servicio de acueducto y alcantarillado forma parte también de nuestras preocupaciones, por consecuencias como el alza continua de las tarifas, que ya arroja un negativo saldo social de más de un millón de usuarios suspendidos o desconectados en todo el país y el control que compañías transnacionales ejercen sobre un servicio estratégico para la seguridad de la población colombiana y por ende del país. ¿Hasta dónde un Estado cuyo territorio es la séptima reserva de agua dulce del mundo puede dejar en manos extranjeras tan estratégica riqueza y delegar un servicio esencial en ellas? ¿No es la hora de revitalizar una función esencialmente pública y comunitaria, de la cual hay excelentes ejemplos en Colombia y en el mundo, redimensionándola mediante entidades especializadas, pero públicas, participativas, transparentes y preocupadas principalmente por su eficacia social, sin dejar de lado la racionalidad económica?
La iniciativa del referendo pone en el debate nacional aspectos sustanciales de la actualidad y el futuro de Colombia, y es desde luego una propuesta audaz y profunda, pues no sería responsable movilizar el país para algo anodino.
Por todo lo anterior les hacemos un llamado patriótico a convocar el referendo para que el pueblo decida sobre los artículos que fueron objeto de su firma de apoyo, sin ninguna modificación. Es lo adecuado al proceso de iniciativa popular que se adelantó. Sin desconocer los fueros del Congreso, les pedimos que hagan algo más relevante y significativo: que permitan la expresión de la voluntad popular en un asunto esencial para la vida. Una decisión suya en este sentido no podrá más que fortalecer la democracia en Colombia en épocas inciertas, pero en las que surge con todo vigor la decisión ciudadana de definir el futuro en aspectos fundamentales como los que plantea el referendo por el agua.
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